Pedro Sánchez y la segunda traición al pueblo saharaui

El viernes 18 de marzo, el Presidente del Gobierno español fijaba, por medio de una carta hecha pública parcialmente por el Rey de Marruecos, una nueva posición en el conflicto del Sáhara Occidental, al considerar LA PROPUESTA DE AUTONOMÍA formulada por Marruecos, como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso.

Durante los últimos 46 años, y especialmente desde abril de 1991, los sucesivos gobiernos del estado español afirmaron su compromiso con una solución en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas y al mismo tiempo impulsaron acuerdos comerciales con el ocupante militar, participando activamente en el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental sin el consentimiento de los y las saharauis ni de su legítimo representante, el Frente Polisario. De igual modo, desde esa falsa neutralidad, incumplieron las obligaciones que, como potencia administradora del territorio, les correspondía, abandonando a los hombres y mujeres saharauis que eran detenidos y torturados por las autoridades de ocupación por defender el derecho de libre determinación del Sáhara Occidental; de igual modo durante todos estos años el estado español vendía y vende armamento y material de doble uso a las fuerzas de ocupación, material que es utilizado en el territorio ocupado contra la población civil saharaui.

El pasado viernes 18 de marzo la carta remitida por el Presidente del gobierno de España al rey de Marruecos nos hace retroceder al 14 de noviembre de 1975, y vemos cómo Sánchez se posiciona, ahora sí, sin disimulo, al lado del invasor marroquí y en contra de la legalidad internacional y del derecho de libre determinación del Pueblo del Sáhara Occidental.

El Consejo de Seguridad de NNUU, la Asamblea General y la Corte Internacional de Justicia han reconocido expresamente el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación, que debe llevarse a cabo mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que participen los y las saharauis y solo ellos y ellas. Marruecos y el Frente Polisario acordaron un plan de paz en el que se prevé la celebración del referéndum con las distintas opciones, siendo necesariamente una de ellas la independencia.

Desde el viernes 18 de marzo el Gobierno de España, al afirmar que la solución del contencioso más seria, realista y creíble es la propuesta marroquí de autonomía, está negando a los hombres y mujeres saharauis el derecho a decidir sobre su futuro y, en consecuencia, apoyando la consolidación de la ocupación militar por parte de Marruecos.

La situación real del pueblo Saharaui, gran parte refugiado en el territorio argelino de los campamentos de Tindouf, no va a cambiar por esta nueva claudicación de una parte del gobierno español. Desde noviembre de 2020, en que Marruecos rompió el alto el fuego, la situación es de guerra abierta y están teniendo lugar ataques a civiles por parte de las fuerzas de ocupación, lo que constituyen crímenes de guerra. Marruecos tiene la consideración de potencia ocupante ilegal y militar de parte del territorio del Sahara Occidental, estatus que no puede ser apoyado por ningún otro estado sin incurrir en responsabilidades. España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, tiene la obligación de cumplir con la legalidad internacional y de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, mediante la celebración de un referéndum en que los y las saharauis puedan expresar de manera clara su voluntad. Si algunos países de Europa, confabulados en contra del derecho internacional con Trump, le dan la espalda al pueblo saharaui, esta Asociación Ciudadana continuará apoyando la legítima lucha por la libertad y por el gobierno de su propio destino de un pueblo ejemplar liderado por el Frente Polisario.

¡Viva el Sahara Libre!

¡Polisario Vencerá!